El calvario eléctrico como un atentado a la dignidad humana
El Diario Tricolor.- Vivir a oscuras no es solo la ausencia de luz; es la paralización programada de la vida. Soportar racionamientos diarios de hasta siete horas continuas, bajo el inclemente calor regional, no es una simple falla técnica, es una agresión directa y sistemática contra la psique, la salud y la dignidad de un pueblo entero.
Quienes tienen la responsabilidad constitucional e institucional de hacer funcionar el sistema eléctrico nacional, específicamente la corporación Corpoelec, están incurriendo en una falta que trasciende la negligencia administrativa.
Esto roza el ensañamiento y la vulneración flagrante de los derechos humanos más elementales.
El colapso de la cotidianidad ¿Cómo se vive a oscuras?
El impacto de este colapso eléctrico encierra un daño fatal y silencioso en el tejido social. Desfigura por completo el día a día de los ciudadanos y anula las condiciones mínimas para una vida digna.
¿Cómo descansa un ciudadano que debe levantarse al día siguiente a cumplir con una jornada laboral, tras pasar la noche en vela por el calor y los zancudos?
La falta de sueño socava la productividad, pero, peor aún, destruye la salud mental.
Los escolares, niños y niñas, intentan educarse en aulas calurosas y regresar a hogares sin energía para estudiar, perdiendo el derecho a un desarrollo óptimo.
La vulnerabilidad extrema. Enfermar en la oscuridad
Si la situación es agobiante para el ciudadano promedio, para los sectores más vulnerables se convierte en una sentencia de sufrimiento. Los adultos mayores y, muy especialmente, los pacientes crónicos padecen el doble.
Bastante difícil y doloroso es ya no poder costear los tratamientos médicos o los medicamentos en el contexto actual, como para además tener que soportar la enfermedad sumidos en la penumbra, sin ventilación, bajo temperaturas extremas y expuestos a vectores de contagio.
Una responsabilidad ineludible
La continuidad de los servicios públicos es una obligación del Estado. Privar de manera prolongada y sistemática a la población de un servicio vital como la electricidad del cual dependen el agua, las telecomunicaciones y la atención médica se traduce en una agresión continuada.
Por ello, la exigencia colectiva debe ser firme: a todos aquellos que tengan la responsabilidad del suministro eléctrico y omitan su deber de garantizarlo, se les debe señalar por la gravedad de sus actos. El sufrimiento humano provocado por la ineficiencia no puede seguir normalizándose; debe ser calificado y juzgado con la severidad que merece un atentado masivo contra la calidad de vida de un pueblo.
Mirta Fernández
CNP-COL 25709
