Desde mi sillón: Regularización de la tenencia de la tierra y las Zonas de Seguridad

El Diario Tricolor.- El inicio de la actividad petrolera en nuestro país estuvo marcado por las concesiones petroleras, las cuales involucraban acuerdos contractuales donde el Estado otorgaba a las empresas, principalmente extranjeras y transnacionales, derechos para explorar y explotar hidrocarburos en áreas determinadas. Las primeras concesiones petroleras fueron otorgadas, implicado la entrega de grandes extensiones de territorio, a transnacionales en lugares despoblados y en vastas zonas donde no existía ningún centro poblado y o selváticos.

A pesar que históricamente se ha cuestionado y señalado que las concesiones petroleras fueron otorgadas sin mayor control por parte del Estado, las empresas trasnacionales concesionarias interesadas en la exploración y explotación petrolera debieron disponer de recursos para manejar la producción, de acuerdo a los estándares internacionales.

Fue así como por necesidad iniciaron la construcción de oleoductos y gasoductos para transportar el petróleo y el gas producidos, así como “carreteras petroleras” para el transporte de personal y equipos requeridos para la actividad petrolera.

Ese esfuerzo constructivo, indispensable para la logística de producción del crudo y el transporte del mismo, afectó y ocupó extensas zonas del territorio. Las empresas transnacionales petroleras que realizaban actividades bajo concesiones, operaban diversos campos petroleros en la zona, requiriendo áreas extensas para pozos, infraestructura de producción, oleoductos y gasoductos.

La necesidad de vías para el transporte de personal y maquinaria pesada condicionó el trazado urbano y vial en ese territorio concesionado.

La expansión de las actividades de la industria petrolera, trajo desarrollo de campamentos petroleros y asentamientos humanos en las zonas bajo concesión. La gente que habitaba en las zonas rurales de la región, atraídas por la ilusión de mejores ingresos y servicios producto de la actividad petrolera, comenzaron a aglomerarse e iniciaron el proceso de poblamiento alrededor de los campamentos petroleros, con la formación de barrios de ranchos y ausencia de un plan urbano, que en gran parte ocuparon territorios concesionados.

Esto marcó el inicio de la transformación de la economía agropecuaria venezolana a una economía petróleo-dependiente. A pesar de la caótica aglomeración de poblados formados al ritmo creciente de la explotación petrolera alrededor de los campos petroleros, las empresas trasnacionales aseguraban cumplir con los estándares de las zonas de seguridad que incluían perímetros vallados para control de acceso, franjas de servidumbre de las instalaciones petroleras y áreas de resguardo que restringen el acceso para proteger las instalaciones, así como delimitando espacios de alto riesgo para la seguridad de la población.

Las compañías petroleras de la región por decreto del presidente Eleazar López Contreras construyeron, conjuntamente con el gobierno, la ciudad de ensueños de la Costa Oriental del Lago: Ciudad Ojeda, próspera urbe que fue decretada su fundación el 19 de enero de 1937. Aun cuando Ciudad Ojeda fue la primera ciudad planificada de Venezuela para albergar a los habitantes de “Lagunillas de Agua” tras un trágico incendio, el auge en el crecimiento urbano vio comprometido la ocupación y el uso de tierras y zonas que provenían de las concesiones petroleras.

El uso de la tierra por empresas petroleras en Ciudad Ojeda se caracteriza por una alta ocupación industrial en la fachada costera del Lago de Maracaibo, con numerosos muelles construidos por contratistas privados, estatizados en 2009; que limitan el acceso público. Históricamente, la zona de Lagunillas ha sido moldeada por la infraestructura petrolera, transformando áreas de oleoductos en vías principales como la Avenida Cristóbal Colón.

Luego de la nacionalización petrolera en 1976, PDVSA y sus filiales asumieron las operaciones petroleras. Se desarrollaron grandes proyectos de infraestructura, entre ellos oleoductos y gasoductos como el poliducto SUMANDES – Suministro a los Andes del Sistema de Transporte y Distribución de Productos Blancos (Gasolinas, Diésel y Kerosene), y gasoductos de alta presión “Las Morochas-La Pica”. Estos proyectos se diseñaron y construyeron acorde a las normas internacionales (ASME B31.8 “Gas Transmission & Distribution Piping Systems”) y nomas de diseño de PDVSA entre ellas la IR-S-16.

“Determinación de Zonas de Seguridad en Instalaciones Industriales y Áreas de Protección de Obra Pública”
Esta norma, indica: “Las zonas que están sujetas a estipulaciones de orden legal, como son las limitaciones al derecho de propiedad, a la libertad de tránsito y de actividades dentro de la Zona de Seguridad y del Área de Protección de Obra Pública, conforme a previsiones establecidas en la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación (LOSDN) y la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (LOOT).

Ciudad Ojeda cuenta con áreas de consolidación a gran escala y sectores de crecimiento no planificado (barrios), los cuales son objeto de ordenamiento territorial. El Gobierno Nacional emitió el Decreto N° 8.198, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos, publicado en Gaceta Oficial No. 39.668 del viernes 6 de mayo de 2011; la cual tiene por objeto ordenar y regularizar el proceso de la tenencia de la tierra, ocupada por la población en los asentamientos urbanos populares, y contribuir a la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda y el hábitat, dando prioridad a la familia, especialmente a aquellas en condición de vulnerabilidad social, y así consolidar los asentamientos urbanos populares ya existentes, de manera digna, equitativa y sostenible, mediante un proceso de cogestión integral con el Estado.

Se crea la Oficina Técnica Municipal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos o Periurbanos, que junto a los Comités de Tierras Urbanas (CTU), organizan a la comunidad para gestionar la regularización de la tenencia de la tierra.

La municipalidad de turno, junto con PDVSA y las CTUs; han venido trabajando en un proceso continuo de regularización de la tenencia de las tierras, impulsado por el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), entregando títulos de propiedad por la tenencia de la tierra a familias en asentamientos consolidados. Para esto PDVSA ha traspasado al municipio las tierras que ya no tienen interés en actividades de producción, y han sido saneadas y liberadas en libros contables.

Esto no considera zonas de interés de producción petrolera, ni Zonas de Seguridad en instalaciones e infraestructuras de la industria petrolera.

Las Zonas de Seguridad son establecidas por PDVSA para proteger la infraestructura y a la población. Comprenden áreas restringidas y de servidumbre a lo largo de su trazado. Estas franjas prohíben construcciones, actividades agrícolas o excavaciones no autorizadas para garantizar la integridad física de las tuberías y asegurar la seguridad a la población.

La zona norte del estado Zulia, incluyendo Ciudad Ojeda, forma parte de la Cuenca Maracaibo-Falcón, un área de alta densidad de instalaciones petroleras. Uno de las Zonas de Seguridad más relevantes que tiene Ciudad Ojeda, se encuentra en el corredor de la L (calle L), donde están tendidos los gasoductos (∅10”/ ∅12”/y ∅16”) de alta presión “Las Morochas-La Pica”, y el poliducto SUMANDES.

Esta Zona de Seguridad cuenta con hitos o señales que indican que está terminantemente prohibido construir viviendas o edificaciones, realizar excavaciones, movimiento de tierras sobre o cerca de la trayectoria de las tuberías, donde las restricciones son máximas para garantizar la seguridad de las instalaciones y operaciones de PDVSA, definidas legalmente por la Ley de Hidrocarburos; así como evitar incidentes graves como incendios o explosiones por la seguridad de los ciudadanos.

Un recorrido por el corredor de seguridad de la L, muestra como se han edificado instalaciones, pulilavado de vehículos, restaurantes y “galpones de depósitos” para materiales de construcción. Gandolas de más de 5 ejes y camiones volteos, transitan en la Zona de Seguridad para descargar materiales de construcción, como cemento y arena entre otros; así como maquinarias y retroexcavadoras son utilizadas para el despacho de esos materiales de construcción.

Esta situación pone al descubierto una ocupación ilegal con la flagrante violación e incumplimiento de las normativas de seguridad en la Zona de Seguridad de PDVSA.

Existe la presunción y el runrún que el Ayuntamiento de otrora, dio el Visto Bueno y consentimiento, a través de “permisos amañados”; para esas “ocupaciones” ilegales en la Zona de Seguridad de la L. De comprobarse ese rumor, así como otro en relación a la “venta” de terreno, localización de un pozo propiedad de PDVSA, a un ente privado para la ocupación del mismo; se estaría ante una medida sin competencia que sobrepasó las responsabilidades de la función ejecutiva del Poder Público Municipal, en transgresión de las leyes vigentes, sujeta a sanciones penales y administrativas.

La ocupación de Zonas de Seguridad en instalaciones petroleras de Ciudad Ojeda implica la invasión o uso no autorizado de áreas críticas como el corredor de seguridad de la L. Esto dificulta el mantenimiento de PDVSA y la operación segura de los gasoductos y el poliducto, y genera altos riesgos de accidentes graves e incendios que atenta contra la seguridad de habitantes y transeúntes.

Es imperante tomar medidas contra esas ocupaciones ilegales de la Zona de Seguridad, con lo cual se estaría evitando la ocurrencia de un accidente indeseado, como el que lamentablemente ocurrió en la Autopista Regional del Centro (ARC) en 1993, conocida como la Tragedia de Las Tejerias, cuando se realizaban trabajos de instalación de fibra óptica, sin percatarse de los avisos de seguridad y restricción por ser Zona de Seguridad del Gasoducto de 20”; se perforó accidentalmente ese gasoducto de CORPOVEN (hoy PDVSA Gas), dejando un trágico saldo de más de 40 personas fallecidas y daños a una gran cantidad de vehículos que circulaban para el momento del hecho por la citada arteria vial (ARC).

El llamado es a revisar y tomar los correctivos necesarios contra esas ocupaciones ilegales para hacer respetar la normativa en la Zona de Seguridad a fin de evitar accidentes graves que atenten contra la seguridad de los ciudadanos y mantener las operaciones de PDVSA de forma segura.

Articulista: Alfredo González/Trabajador Petrolero.