OVP denuncia traslado “arbitrario” de 129 reos desde Yaracuy hasta Lara
Los privados de libertad fueron sacados del estado donde se encuentran los tribunales que llevan sus causas. Según la ONG, la mayoría son procesados, lo que podría generar interrupciones en sus juicios. Desde los penales, las autoridades justifican la falta de traslados a tribunales por la ausencia de vehículos, lo que agrava el retardo procesal
El Diario Tricolor.- Siete autobuses custodiados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía de Yaracuy llegaron al estado Lara con un nuevo grupo de privados de libertad procedentes de esa entidad.
En el primer vehículo bajaron seis mujeres que estaban recluidas en una comandancia de la Guardia Nacional y fueron trasladadas al anexo femenino de la cárcel de Uribana. En los seis autobuses restantes llegaron 60 hombres provenientes de la Comandancia General de la Policía de Yaracuy, reseña el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en una nota publicada en su página web.
Durante la misma semana ya se habían trasladado 63 reclusos desde la Policía Nacional Bolivariana (PNB), por lo que suman 129 privados de libertad distribuidos entre los dos centros penitenciarios del estado Lara: el Centro Penitenciario David Viloria (Uribana) y la Comunidad Penitenciaria de Fénix.
Aunque la ley establece que los traslados a centros penitenciarios deben realizarse una vez que el juez lo ordene, en la práctica los privados de libertad permanecen durante años en calabozos policiales, sin acceso a actividades educativas, laborales ni a beneficios de redención de pena, añade la ONG.
Además, afirma el organismo, en este caso se presenta una irregularidad: los 129 privados de libertad fueron sacados del estado donde se encuentran los tribunales que llevan sus causas. Según el OVP, la mayoría son procesados, lo que podría generar interrupciones en sus juicios. Desde los penales, las autoridades justifican la falta de traslados a tribunales por la ausencia de vehículos, lo que agrava el retardo procesal.
En el estado Yaracuy existía un penal. Hace dos años y cinco meses el Ministerio de Servicios Penitenciarios lo desalojó y cerró con la promesa de desarmar a la población reclusa, reestructurar el recinto y reubicar a los internos dentro del mismo estado. Nada de eso ocurrió”, denunció Humberto Prado, director del OVP.
Recordó que esta práctica se ha repetido en varios estados del país. “Apure, Portuguesa y Trujillo, por ejemplo, ya no tienen centros penitenciarios. Lo que hace el Gobierno es trasladar el problema de una cárcel a otra: aumenta el hacinamiento en penales ya saturados, empeora el retardo judicial y genera una carga económica y emocional adicional para las familias, que ahora deben desplazarse a otro estado para visitar a sus familiares”.
Estos traslados masivos, dice la ONG, se ejecutan sin un verdadero plan de contingencia y forman parte de la profunda crisis penitenciaria que el Ministerio de Servicios Penitenciarios no ha resuelto en más de 14 años.
Fuente: Versión Final.
