PEDIR A LOS VENEZOLANOS AHORRAR AGUA Y ELECTRICIDAD ES UNA INMORALIDAD
El Diario Tricolor.- Pocas situaciones reflejan con mayor claridad la crisis de los servicios públicos en Venezuela que las dificultades cotidianas para acceder al agua potable y al suministro eléctrico. Lo que durante décadas fue considerado un servicio esencial administrado por el Estado, hoy representa una de las principales preocupaciones de millones de ciudadanos que enfrentan racionamientos, interrupciones frecuentes y un progresivo deterioro de la infraestructura.
En ese contexto, las recientes exhortaciones oficiales para que la población ahorre agua y electricidad han generado reacciones encontradas. Si bien el uso racional de los recursos constituye una responsabilidad compartida en cualquier sociedad, numerosos ciudadanos consideran que esos llamados resultan insuficientes cuando persisten interrogantes sobre el estado de la infraestructura, y el destino de las inversiones dirigidas durante años a modernizar los sistemas de generación eléctrica, transmisión, distribución y abastecimiento de agua.
La crisis de estos servicios no puede atribuirse a una sola causa. Diversos especialistas señalan que confluyen factores como el envejecimiento de la infraestructura, la falta de mantenimiento sostenido, dificultades de gestión, limitaciones financieras, la corrupción campante que han afectado proyectos estratégicos.
En distintos momentos, tanto organismos de control como investigaciones periodísticas y procesos judiciales, han puesto de relieve irregularidades en el manejo de recursos públicos, alimentando la percepción de que parte de las inversiones no produjo los resultados esperados y tanta la «mamadera de gallo» que hasta un ministro dijo que en 100 días resolvería el problema eléctrico y si no lo hacía renunciaría. Lo que nos hace recordar que en esta revolución alguien dijo que si había niños en las calles se cambiaría el nombre.
Cuando desde el poder se pide a la población reducir el consumo, muchos venezolanos responden con una pregunta igualmente legitima: ¿qué ocurrió con los recursos que durante años debieron destinarse a fortalecer estos servicios esenciales?
La interrogante que se plantea es sobre la responsabilidad del Estado de garantizar servicios públicos eficientes y la obligación de administrar con transparencia los recursos nacionales. Ahorrar agua y electricidad es una conducta responsable; pero también hay que exigir planificación, mantenimiento, inversión y rendición de cuentas.
La solución no pasa únicamente por consumir menos, sino por contar con instituciones capaces de asegurar que cada inversión pública se traduzca en obras, mantenimiento y una mejor calidad de vida para toda la población. Agua, electricidad y la deuda pendiente con los venezolanos.
Lo que durante décadas fue considerado un servicio esencial administrado por el Estado, hoy representa una de las principales preocupaciones de millones de ciudadanos que enfrentan racionamientos, interrupciones frecuentes y un progresivo deterioro de la infraestructura.
Es una burla y una inmoralidad las recientes exhortaciones oficiales para que la población ahorre agua y electricidad lo que ha generado reacciones encontradas. Si bien el uso racional de los recursos constituye una responsabilidad compartida en cualquier sociedad, numerosos ciudadanos consideran que esos llamados resultan insuficientes cuando persisten interrogantes sobre el estado de la infraestructura y el destino de las inversiones destinadas durante años a modernizar los sistemas de generación eléctrica, transmisión, distribución y abastecimiento de agua.
Cuando desde el poder se pide a la población reducir el consumo, muchos venezolanos responden con una pregunta igualmente legítima: ¿qué ocurrió con los recursos que durante años debieron destinarse a fortalecer estos servicios esenciales?
Ningún país puede construir bienestar si sus ciudadanos viven con incertidumbre sobre dos servicios tan esenciales como el agua y la energía eléctrica. La solución no pasa únicamente por consumir menos, sino por contar con instituciones capaces de asegurar que cada inversión pública se traduzca en obras, mantenimiento y una mejor calidad de vida para toda la población.
Articulista: Lcdo. Donnys J. Carrasco L. CNP-COL 6.926
