Gobierno español entrega a Maduro al opositor Ernesto Quintero
En junio, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano, mediante la Interpol y la Embajada de Venezuela en Madrid, planteó al gobierno español realizar la extradición del reclamado durante julio. La defensa de Quintero, que ejerce ‘pro bono’ Oliver Abogados, se ha venido quejando en sucesivos escritos de que su representado «lleva más de 15 meses privado de libertad bajo el pretexto de que su entrega a las autoridades venezolanas se iba a ejecutar».
Recurso a la justicia europea
De todas formas, su defensa aduce que la extradición debe quedar suspendida a la espera de lo que acuerde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la demanda que presentaron el 24 de mayo por presunta vulneración de derechos fundamentales.
A este respecto anunciaron a la Audiencia Nacional que tienen intención de impugnar la resolución del Consejo de Ministros, por la que se autorizó enviar a Quintero a Venezuela, mediante un recurso extraordinario de revisión contra actos administrativos firmes.
Asimismo, pusieron sobre la mesa que el Congreso de los Diputados aprobó recientemente una iniciativa como proposición no de ley para «suspender las extradiciones y conceder urgentemente el asilo por razones humanitarias» tanto a Quintero como al también opositor venezolano Rolando Figueroa, a los que considera «perseguidos en su país por causa de su compromiso político».
Acusación falsa
La defensa de Quintero argumenta que el motivo del que se sirvió el gobierno de Maduro para reclamar su extradición «no solo es rotundamente falso, sino que además oculta la motivación política, ya alegada en multitud de ocasiones, sobre la persecución política declarada por el fiscal general de Venezuela contra las casas de bolsa y sus trabajadores», por considerarlas «afines a una ideología de corte capitalista», opuesta al régimen y «perseguida» por este.
La defensa reitera que la vinculación del opositor con la empresa donde trabajaba era de «subordinación absoluta», con «funciones meramente administrativas siempre llevadas a cabo bajo supervisión inmediata de la presidencia de la empresa, ostentada por Enrique Auvert». Y apuntan que este, en una declaración judicial prestada en Venezuela, dijo que «Quintero no tenía capacidad para cometer los tipos penales enunciados en la orden de aprehensión en su contra».
Fuente: Europa Press /
