“No queremos limosnas”: sindicalistas rechazan ajuste de bonificación y exigen aumento salarial
Tras conocerse que, en este mes el pago del bono de guerra para trabajadores públicos alcanzó los 150 dólares, sindicalistas reclaman la revalorización del salario base, que se mantiene en 130 bolívares. “No queremos más bonos, exigimos salario digno”, expresaron dirigentes de la Red Sindical Venezolana, quienes agregaron que el gobierno insiste en bonificaciones porque estas no generan obligaciones adicionales para el Estado
El Diario Tricolor.- Aunque los trabajadores venezolanos esperaban en esta quincena el anuncio de un aumento de sueldo, el Ejecutivo procedió este 13 de marzo con un ajuste en el bono contra la Guerra Económica, que se distribuye a través del Sistema Patria.
Este subsidio, dirigido a empleados públicos, jubilados y pensionados, registró alzas nominales en bolívares durante los primeros meses del año. En enero, por caso, el monto para trabajadores activos alcanzó 40.680 bolívares, cifra que en ese entonces equivalía a unos 137 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
Este marzo los pagos se situaron en torno a 66.450 bolívares para algunos grupos, siempre indexados al dólar, equivalente a 150 de los billetes norteamericanos.
Sindicalistas y empleados consultados en las protestas recientes coinciden en que la medida deja mucho que desear. Representantes gremiales calificaron el bono como insuficiente y ajeno a las necesidades reales.
“No queremos más bonos, exigimos salario digno”, expresaron dirigentes de la Red Sindical Venezolana, quienes agregaron que el gobierno insiste en bonificaciones porque estas no generan obligaciones adicionales para el Estado.
El principal problema radica en que el bono carece de incidencia sobre las prestaciones sociales y otros beneficios laborales. Las prestaciones por antigüedad, las vacaciones, el aguinaldo y las utilidades se calculan exclusivamente sobre el salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares, es decir, menos de un dólar al mes.
Un salario real integrado elevaría de manera automática esos montos y protegería a los trabajadores en caso de despido o jubilación. En cambio, el bono contra la Guerra Económica, junto con el cestaticket de 40 dólares, suma alrededor de 160 dólares mensuales para el sector público, pero permanece fuera del cómputo legal y se evapora con la inflación.
Omar González, vocero de la Coalición Sindical, resumió el sentir común: “Esta política convierte al trabajador en receptor de limosnas temporales y le niega los derechos que la Ley Orgánica del Trabajo consagra”.
Los gremios insisten en que solo un salario base elevado, y no bonos indexados, restauraría el poder adquisitivo y garantizaría prestaciones dignas. Mientras tanto, miles de empleados públicos y pensionados continúan con ingresos que no cubren la canasta básica familiar.
Fuente: Versión Final.
