Decanos y sindicatos acuden al Tribunal Supremo contra la omisión de aumentos salariales
La acción legal se produce en medio de crecientes críticas de sectores académicos, gremiales y organizaciones de derechos humanos. Organizaciones como Provea respaldaron la iniciativa y exigieron revisar el monto del salario mínimo y su cálculo. El salario mínimo oficial en Venezuela permanece fijado en 130 bolívares mensuales, lo que, según el tipo de cambio oficial
El Diario Tricolor.- Este lunes decanos de las facultades de Derecho de diversas universidades venezolanas junto con representantes sindicales entregaron una demanda en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, al considerar que el Poder Ejecutivo ha incurrido en una “omisión” al no aplicar ajustes al salario mínimo legal desde el año 2022.
La acción legal se produce en medio de crecientes críticas de sectores académicos, gremiales y organizaciones de derechos humanos ante la prolongada falta de incrementos salariales en el país, que se arrastra por casi cuatro años, el periodo más largo sin aumento registrado en tres décadas.
Organizaciones como Provea respaldaron la iniciativa y exigieron revisar el monto del salario mínimo y su cálculo, ya que la población trabajadora venezolana enfrenta una situación de precariedad creciente. Provea señaló en redes sociales que el salario está estancado desde marzo de 2022 y que su actual cuantía resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
El salario mínimo oficial en Venezuela permanece fijado en 130 bolívares mensuales, lo que, según el tipo de cambio oficial, equivale a una fracción de dólar muy inferior al costo de la canasta básica y la inflación acumulada, intensificando el descontento social.
La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) ha enfatizado que el salario de un profesor titular con dedicación exclusiva, que en marzo de 2022 se ubicaba en alrededor de 109 dólares, se ha desplomado hasta aproximadamente 1,58 dólares en enero de 2026, debido al deterioro del poder adquisitivo y la inflación continua.
Este drástico descenso obliga a muchos docentes a vivir con ingresos que están muy por debajo de las necesidades básicas, situación que ha sido denunciada en distintos informes y foros universitarios como un factor que contribuye al éxodo de profesionales y al debilitamiento de la educación superior en el país.
La presentación de la demanda estuvo acompañada por movimientos sindicales que han retomado las calles tras más de un año de relativa inactividad en las protestas. Los sindicatos respaldaron a los académicos en su reclamo de que el Estado venezolano cumpla con su obligación de garantizar un salario digno, tal y como lo establecen los principios constitucionales y las normas laborales.
Provea destacó que revisar el salario mínimo y su metodología de cálculo es indispensable para rescatar los derechos laborales de los trabajadores venezolanos y avanzar hacia una convivencia social basada en justicia y equidad.
Organizaciones sociales han alertado que el salario mínimo y las pensiones permanecen “anclados” desde 2022, mientras que las bonificaciones adicionales que otorga el gobierno, como el llamado “bono de guerra económica” o ayudas de alimentación, no se integran al salario formal y, por tanto, no mejoran beneficios laborales esenciales como la antigüedad o las vacaciones.
La falta de ajustes salariales ha sido fuente de movilizaciones y reclamos de diversos sectores de la sociedad, desde trabajadores públicos hasta profesionales de la educación, que demandan soluciones estructurales a la pérdida de capacidad adquisitiva generalizada.
Fuente: Versión Final.
