¡Demandas, multas y hasta cárcel! Trump hostiga a funcionarios para acelerar deportaciones masivas de migrantes

Una ley de Georgia promulgada el año pasado ya obliga a las fuerza del orden locales a cooperar con las autoridades federales para identificar y detener a inmigrantes indocumentados. De lo contrario, pueden perder fondos estatales o afrontar cargos menores. La ley aprobada permite que las personas demanden a los gobiernos, funcionarios, y empleados locales que violen la norma

El Diario Tricolor.- La tensión hacia funcionarios locales se incrementa en medio de las políticas antimigratorias de Donald Trump en Estados Unidos. Legisladores estatales republicanos han amenazado con demandas, multas y hasta cárcel a aquellos que se resistan la ofensiva del Presidente para detener y deportar a inmigrantes indocumentados a gran escala.

Congresistas en más de 20 estados han presentado proyectos de ley contra las llamadas “políticas santuario” que limitan la cooperación local con las autoridades migratorias federales, de acuerdo con un análisis de la agencia AP usando el software Plural.

Algunos de esos estados ya prohibieron las “políticas santuario”, pero ahora están proponiendo castigos más duros para los alcaldes, concejales y otros funcionarios del gobierno estatal que violen esa prohibición, reseñó Univisión.

Uno de esos proyectos fue presentado en Georgia, donde ya fue aprobado por el Senado y pasó a la Cámara Baja. Quienes rechazan la propuesta argumentan que puede llevar a que los policías locales detengan a inmigrantes por más tiempo del autorizado por la ley federal debido a que temen ser demandados.

«Estamos amenazando a nuestra fuerza del orden local, que está haciendo el mejor trabajo que puede para mantener a nuestras comunidades seguras», dijo la senadora demócrata de ese estado Nikki Merritt.

El proyecto legislativo en Georgia llega en momentos en que el gobierno de Trump comenzó a tomar acciones legales en contra de los gobiernos que adoptaron políticas que dificultan los arrestos y deportaciones por parte de las autoridades federales. El Departamento de Justicia demandó a Illinois, Chicago y al condado Cook, alegando que violan la ley federal al no cooperar con las autoridades migratorias.

Demandas judiciales

Una ley de Georgia promulgada el año pasado ya obliga a las fuerza del orden locales a cooperar con las autoridades federales para identificar y detener a inmigrantes indocumentados.

De lo contrario, pueden perder fondos estatales o afrontar cargos menores. La ley aprobada recientemente por el Senado va un poco más allá, al permitir que las personas demanden a los gobiernos, funcionarios, y empleados locales que violen la norma.

Quienes defienden los derechos de los inmigrantes en Georgia aseguran que la ley, si es aprobada también en la Cámara Baja, arreciará el temor en las comunidades a que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) detengan a sus seres queridos en sus casas, iglesias o escuelas.

«Todo esto se enmarca en la guerra de Donald Trump contra los inmigrantes y las personas a nivel local están tratando de quedar bien con él a través de legislaciones que no resuelven ningún problema», consideró Charles Kuck, un abogado especializado en inmigración en Atlanta.

Mike Mitchell, subdirector ejecutivo de la Asociación de Alguaciles de Georgia, dijo que la organización mantiene una postura «neutral» respecto al proyecto de ley, pero destacó que los alguaciles ya están siguiendo los lineamientos de la ley migratoria.

Louisiana aprobó el año pasado una ley que requiere que las agencias del orden hagan «su mayor esfuerzo posible» para cumplir con la ley migratoria. A principios de febrero, la fiscal general del estado, Liz Murrill, demandó a la oficina del alguacil de Nueva Orleans alegando que estaba violando la prohibición estatal a las ‘políticas santuario’.

La oficina del alguacil de Nueva Orleans declinó pedidos de ICE para detener por más tiempo a las personas arrestadas salvo que afronten cargos por presunto asesinato, violación, secuestro o robo, en concordancia con una política en vigor desde 2013 tras un acuerdo judicial. La fiscal general busca acabar con ese pacto judicial.

La oficina del alguacil de Nueva Orleans también limita la información que comparte con ICE y evita que los agentes de inmigración federales entren en instalaciones sin una orden judicial o que entrevisten a los detenidos sin asesoría de un abogado. Esa oficina respondió en un correo a la agencia AP que «cumple a cabalidad con las leyes estatales y las órdenes refrendadas en corte relacionadas con los detainers de ICE».

Multas y cárcel

Una medida en contra de las “políticas santuario” fue la primera que promulgó el gobernador republicano de Dakota del Sur, Larry Rhoden, quien tomó el cargo después de que la exgobernadora Kristi Noem fue designada como cabeza del Departamento de Seguridad Nacional.

La ley prohíbe las políticas locales y estatales que limiten la comunicación con funcionarios federales sobre el estatus migratorio de las personas. Sin embargo, no contempla penas.

Otros estados han ido más allá. Una ley antiinmigrante promulgada recientemente por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, requiere al fiscal general tomar acciones legales contra los gobiernos locales que adopten políticas que incumplan con los pedidos federales para detener a inmigrantes indocumentados. Los funcionarios locales que violen esa prohibición afrontan multas de hasta $5,000.

La ley de Tennessee ya niega fondos estatales para el desarrollo económico a los gobiernos locales que violen una prohibición de las “políticas santuario”. Una ley firmada recientemente por el gobernador Bill Lee endureció eso al contemplar una pena de hasta seis años de cárcel para los funcionarios locales que apoyen poner en vigor “políticas santuario”.

Abogados han dicho que esa pena puede ser inconstitucional, dadas las protecciones de las que gozan los funcionarios electos en el cumplimiento de sus funciones.

En otro estado, legisladores en New Hampshire avanzaron dos proyectos de ley por separado para poner en la mira las políticas. Una versión del Senado propone permitir al fiscal general demandar a los gobiernos locales que prohíban el cumplimiento de las leyes migratorias federales e imponer multas equivalentes al 25 % de sus fondos estatales.

Una propuesta de la Cámara Baja allí omite esa multa, pero contiene directivas más detalladas para que los gobiernos locales cooperen con las autoridades migratorias federales.

Fuente: Versión Final/