Juan Carlos Márquez y Rafael Ramírez, venezolanos involucrados en el caso Morodo en España
El nombre del exalto cargo de Pdvsa sale a relucir tras ahondar en los presuntos servicios con los que el hijo de Morodo justificaba sus ingresos provenientes de la estatal. En la investigación también exponen que los pagos librados a los Morodo llevaban la firma de Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa
El Diario Tricolor.- Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acaparó los titulares de la prensa nacional por haber admitido recibir 4,5 millones de euros de Petróleos de Venezuela. No obstante, investigaciones que empezaron antes de 2020 apuntan a que podría haber blanqueado una mayor cantidad.
Las acusaciones en su contra rondaban presuntos delitos contra la Hacienda Pública de España que habría cometido entre 2013 y 2017, años en los que no hubo una declaración fiscal de su parte, considerando que recibió fuertes sumas de dinero proveniente de Venezuela.
En la operación participaba su hijo, Alejo Morodo, quien también se declaró culpable este lunes del fraude fiscal. Alejo se asoció con importantes figuras de la estatal petrolera, y montó tres empresas fantasmas a través de las cuales vendía presuntas “asesorías legales” a Pdvsa, servicios que, al final del día, eran para justificar la entrada del dinero.
Según el diario El Confidencial, solo en el 2012 una de las empresas hechas por los Morodo habría recibido cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros). Se trata de una transacción que hizo la sociedad panameña Welka Holdings Limited, instrumento financiero habitual de Pdvsa.
Ocurrió el 8 de junio de 2012 y el dinero lo recibió la firma Lakeside Overseas Limited, con sede en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas y que estaba administrada por los padres de Juan Carlos Márquez, socio de Morodo. La transferencia se hizo a través del banco suizo Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), una de las entidades usadas por Pdvsa para gestionar fondos en el extranjero.
Los titulares instrumentales de la sociedad son el venezolano Juan Márquez y su esposa española, Carmen Cabrera, padres del exabogado de Pdvsa, Juan Carlos Márquez, quien murió ahorcado en España en el 2019.
Para 2020, el magistrado de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, investigaba con la ayuda de la Fiscalía Anticorrupción esa red societaria urdida de miembros del Gobierno venezolano con Raúl Morodo para apropiarse presuntamente de más de 30 millones de euros de los recursos públicos de Venezuela entre 2012 y 2015.
El juez les imputaba por los delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pública. En la investigación también exponen que los pagos librados a los Morodo llevaban la firma de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa entre 2004 y 2013.
Pese a tener un buen background sobre los ingresos de los Morodo, la Fiscalía española solo pudo exponer los 4,5 millones por los que el exembajador se declaró culpable, esto, sabiendo que, si lo hacía, tenía la posibilidad de ser condenado, mas no encerrado en una cárcel. Justo esto fue lo que ocurrió.
La Fiscalía demostró que las empresas ficticias de “asesorías legales” a Pdvsa sí existían. Sin embargo, solo se le pudo acusar de “eludir su tributación de sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el impuesto de sociedades».
Por esto, la Fiscalía Anticorrupción pedía una condena de tres años y medio de cárcel y una multa de 378 mil 700 euros para el ex embajador en Venezuela Raúl Morodo, y de ocho años y medio de prisión y multas millonarias para su hijo Alejo y su esposa, Ana Varandas, quien figura como una tercera pieza en investigación.
Con acuerdos previos, Morodo consiguió declararse culpable y ser condenado a 10 meses de prisión, que, según el mismo medio, no pagará desde prisión. A su hijo, fueron dos años de condena, también sin entrar a una cárcel, y una suma de “reparación de daños” de 1.410.000 euros de la deuda contraída con Hacienda.
En este contexto, el exembajador y su hijo seguirán siendo objeto del juicio la petición del fiscal de decomiso de ganancias supuestamente obtenidas de manera ilícita por Alejo en 2011 y 2012 por más de 340 mil euros y de un inmueble de Madrid, ya que es una cuestión que no ha sido incluida en los acuerdos de conformidad. Con las «sorpresas» de los Morodo todo parece indicar que la Fiscalía española podrá ahondar más en los movimientos millonarios de Pdvsa y el país europeo.
Fuente: Versión Final.
