EL EXPEDIENTE DE LA SOMBRA: LA VERDAD DETRÁS DEL INCENDIO DE LAGUNILLAS DE AGUA

El Diario Tricolor.- La memoria de los pueblos no se construye únicamente con lo que está escrito en los libros oficiales, sino con las cicatrices que quedan grabadas en la piel de quienes sobrevivieron. En la historia del Zulia, ninguna herida arde tanto como la de aquella noche del 13 de noviembre de 1939. En cuestión de horas, el poblado palafítico de Lagunillas de Agua (un entramado vibrante de madera, vida cotidiana y resistencia sobre el Lago de Maracaibo) fue devorado por una muralla de fuego.

Al amanecer del 14 de noviembre, donde antes hubo calles de tablas, risas y comercio, solo quedaban pilotes humeantes emergiendo de unas aguas negras y espesas. El gobierno fijó el saldo oficial en 700 fallecidos, pero jamás se atrevió a publicar la lista real de los muertos.

Durante décadas, la versión oficial intentó cerrar el capítulo con una historia cómoda para los poderosos: un supuesto descuido doméstico. La maquinaria del encubrimiento señaló sin dudar a una mujer humilde, Alicia Mendoza, dueña del “Bar Caracas”, a quien acusaron de haber arrojado al agua una lámpara de kerosén encendida, desatando el infierno. Durante años, el peso moral de la tragedia recayó sobre sus hombros, absolviendo por completo a las transnacionales que extraían la riqueza del subsuelo.

Sin embargo, al rasgar el velo del mito, la realidad histórica documentada y el análisis del marco legal de la época revelan una trama muy distinta. En la práctica, Alicia Mendoza nunca fue condenada ni pagó pena de cárcel. El relato de la lámpara funcionó como un chivo expiatorio mediático y político, pero no se sostuvo ante los hechos.

Por un lado, las experticias técnicas (incluyendo el peritaje vinculado a la Coleman Company) descartaron categóricamente que un artefacto doméstico hubiera originado el siniestro. Por el otro, tras la reubicación forzosa hacia la recién fundada Ciudad Ojeda, el Estado evitó abrir un juicio penal de gran envergadura. Un proceso abierto habría obligado a los tribunales a aceptar las inspecciones exigidas por los sindicatos petroleros sobre los criminales derrames de crudo de la Gulf y la Mene Grande, exponiendo la complicidad gubernamental.

Si los tribunales del Zulia de 1939 hubiesen llevado a Alicia Mendoza a juicio bajo el Código Penal de 1926, su destino jurídico se habría debatido entre figuras que hoy demuestran la profunda desproporción y el absurdo del relato oficial:
Por un lado, Incendio culposo (Art. 357 en relación con el Art. 344) porque al no existir dolo (intención de quemar el pueblo), se aplicaba la modalidad por imprudencia o negligencia, cuya pena oscilaba entre meses y un máximo de 2 a 3 años de prisión.

Asimismo, Homicidio culposo múltiple (Art. 411) que castigaba la muerte por negligencia con prisión de seis meses a cinco años, y frente a múltiples víctimas, la pena se elevaba hasta el límite máximo previsto por el concurso de delitos, rondando los 5 a 8 años de prisión (dado que en nuestra legislación no existía la acumulación aritmética infinita de penas).

Por otra parte, Responsabilidad civil (Art. 113) ya que aunque el daño culposo a la propiedad ajena no era delito penal por carecer de intención, la condena acarreaba el embargo y remate de bienes para indemnizar a las víctimas, un acto puramente simbólico pues ella misma lo había perdido absolutamente todo en la conflagración.

Si el sistema judicial la hubiese hallado responsable según la tesis oficial, habría enfrentado una pena máxima de apenas 5 a 8 años de prisión. Un castigo irrisorio, jurídicamente absurdo y profundamente desproporcionado frente a la magnitud de 700 vidas extinguidas y más de mil viviendas reducidas a cenizas.

Precisamente esa escandalosa disparidad explica por qué el gobierno de López Contreras y las corporaciones petroleras prefirieron condenarla en la memoria pública y en la prensa, evitando a toda costa un estrado judicial donde la verdad material (que señalaba la ruptura de oleoductos, el Lago convertido en un polvorín de crudo y el codiciado interés de la Mene Grande Oil Company por los terrenos) habría salido inexorablemente a la luz. A más de ocho décadas de aquella noche, recordar el caso de Alicia Mendoza y el fuego de Lagunillas de Agua es un acto imperativo de justicia histórica para devolverle la dignidad a las víctimas y desenmascarar el mito oficial. ‎<Se editó este mensaje.>

Articulista: Politólogo Francisco Kiko Chávez/Cronista del Municipio Lagunillas.