LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y LAS PARADOJAS DEL PODER MUNDIAL
El Diario Tricolor.- Mediante el Estatuto de Roma se crea la Corte Penal Internacional (CPI) su principal y ambicioso objetivo: perseguir judicialmente a los responsables de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, posteriormente, el crimen de agresión e impedir que quienes cometieran los delitos más graves contra la humanidad encontraran refugio en la impunidad.
No obstante, el desempeño de la Corte ha estado rodeado de debates desde sus primeros años. Algunos gobiernos la consideran un instrumento indispensable para la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional. En tanto que otros sostienen que su funcionamiento ha estado condicionado por factores políticos y por los intereses de las principales potencias mundiales.
En este sentido, los Estados Unidos refleja esa complicación a pesar de que ha respaldado investigaciones de la Corte en algunos momentos, nunca ratificó el Estatuto de Roma por lo que no reconoce plenamente su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses. A través de los años distintos gobiernos de la potencia gringa han expresado reservas sobre la posibilidad de que militares o funcionarios estadounidenses sean sometidos a un tribunal internacional sin el consentimiento de Washington. Incluso, en algunos momentos, las relaciones entre Estados Unidos y la CPI estuvieron marcadas por fuertes tensiones y sanciones contra funcionarios del tribunal, mientras que en otros periodos existió una cooperación más estrecha en casos específicos.
La interrogante que se plantea es ¿cómo puede un Estado que no acepta plenamente la jurisdicción de la Corte apoyar investigaciones contra dirigentes de otros países? Obviamente para muchos analistas esto es un doble rasero en la aplicación del derecho internacional, mientras que otros establecen que apoyar investigaciones sobre presuntos crímenes graves no exige necesariamente ser parte del tratado constitutivo de la Corte y que los Estados pueden cooperar con ella por razones políticas, diplomáticas o humanitarias.
En este aspecto se ubica Venezuela, que decidió de manera ilegal retirarse de la CPI, una decisión de alguien que dirige el ejecutivo nacional sin haber sido electa en ningún proceso electoral, debido al inicio de una investigación de la Fiscalía de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, ha sido interpretada de maneras profundamente distintas.
El gobierno venezolano, con cinismo, sostiene que las instituciones nacionales son plenamente capaces de investigar cualquier denuncia y considera que la actuación de la Corte responde, en parte, a presiones políticas internacionales. En tanto que varias organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, por el contrario, han respaldado la investigación al estimar que puede contribuir a esclarecer denuncias de graves violaciones y combatir la impunidad. Aún queda un año por recorrer antes de la salida de Venezuela de la CPI y es en ese tiempo que deberá demostrar que está dispuesta a aplicar una verdadera justicia.
El debate revela una realidad incómoda para el sistema internacional. Las grandes potencias suelen defender el derecho internacional cuando fortalece sus objetivos estratégicos y cuestionarlo cuando consideran que puede afectar sus propios intereses. Esa lógica no es exclusiva de un solo país; forma parte de la historia contemporánea de las relaciones internacionales y explica muchas de las críticas dirigidas a los organismos multilaterales.
La consecuencia es una creciente percepción de selectividad. Mientras algunos casos reciben amplia atención internacional, otros conflictos con denuncias igualmente graves parecen avanzar con mayor lentitud o despertar menor interés político. Esa percepción alimenta el escepticismo de quienes consideran que la justicia internacional aún está lejos de aplicarse con la misma intensidad para todos los Estados.
Esto no significa que la existencia de tribunales internacionales carezca de importancia. Todo lo contrario, representan uno de los mayores avances del derecho internacional contemporáneo en la lucha contra la impunidad.
El verdadero desafío consiste en fortalecer su independencia y su credibilidad para que sus decisiones sean percibidas como el resultado de criterios estrictamente jurídicos y no de correlaciones de poder entre los Estados.
La historia demuestra que la justicia internacional sólo alcanzará plena legitimidad cuando sea capaz de actuar con la misma firmeza frente a cualquier Estado, poderoso o débil, aliado o adversario. Mientras esa percepción de igualdad no exista, el debate sobre la imparcialidad de las instituciones internacionales seguirá acompañando cada una de sus decisiones.
Quizás la gran paradoja de nuestro tiempo sea precisamente esa: el mundo reclama una justicia internacional fuerte, pero las mismas potencias que la consideran necesaria cuando juzga a sus adversarios y suelen mostrar reservas cuando esa justicia podría examinar su propia actuación. Resolver esa contradicción continúa siendo uno de los mayores desafíos del orden internacional del siglo XXI.
Articulista: Lcdo. Donnys Carrasco
CNP-COL 6926.
