TRAGEDIA NACIONAL: SE CORRE EL VELO DE LA CORRUPCIÓN Y LA INCOMPETENCIA OFICIAL TRAS EL DOBLE TERREMOTO DEL 24 DE JUNIO
El Diario Tricolor.- El devastador doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado una profunda estela de dolor, muerte y desolación. Lo que comenzó como un fenómeno natural implacable, la incompetencia gubernamental y la corrupción sistemática lo transformaron en una catástrofe humanitaria sin precedentes en el último siglo.
El estado La Guaira, catalogado como la «zona cero» del desastre, exhibe hoy un paisaje desgarrador de ruinas, mientras localidades de Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Falcón y Yaracuy también sufrieron el impacto de una sacudida que desnudó por completo la incapacidad del Estado para gestionar e implementar planes reales de contingencia.
Ante esta alarmante situación, alzamos nuestra voz de protesta y solidaridad desde el occidente del país. El dolor que hoy embarga a las familias de La Guaira y demás estados afectados no es solo por la fuerza de la naturaleza, sino por la indolencia de un sistema podrido. Gran parte de la franja costera de La Guaira no era apta en su plenitud para soportar el peso y la densidad de las imponentes edificaciones que hoy están en ruinas y escombros.
El desplome masivo de estas estructuras no es un accidente; es la consecuencia directa de una piñata de permisos de construcción otorgados bajo la sombra de la opacidad y el negocio inmobiliario, ignorando las restricciones geotécnicas y los estándares antisísmicos elementales.
Debemos rechazar duramente la parálisis de las instituciones nacionales ante la magnitud del colapso de vías, puentes y complejos residenciales. Es inaceptable y raya en la complicidad que, transcurridas dos semanas de la catástrofe, el Ministerio de Infraestructura ni siquiera haya salido a dar la cara ni a emitir una declaración detallada sobre las fallas técnicas de las obras civiles aprobadas bajo su tutela.
La ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de ese despacho demuestra cobardía política y un desprecio absoluto por los fallecidos y los más de 15 mil damnificados que hoy se hacinan en refugios improvisados.
La tragedia del 24 de junio demuestra que la corrupción en el país está al tope y que sus consecuencias se pagan con vidas venezolanas. No basta con decretar estados de emergencia y solicitar ayuda internacional, si puertas adentro se mantiene el blindaje a los culpables. Exigimos una auditoría técnica profunda y una investigación penal independiente que determine las responsabilidades de aquellos funcionarios que firmaron los permisos de las estructuras que hoy son cementerios de concreto. La Guaira y Venezuela entera claman por atención inmediata, pero sobre todo por justicia.
Articulista: Cristóbal Millán Concejal del municipio Lagunillas
