Juez federal de EE. UU. ordena audiencias para venezolanos deportados a prisión en El Salvador
El juez James Boasberg estableció como fecha límite el 5 de enero para que el Ejecutivo presente una propuesta que permita el retorno de los migrantes a territorio estadounidense. Las deportaciones se realizaron bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El juez mantiene abierta una investigación para determinar si funcionarios del Ejecutivo desacataron una orden previa que prohibía los vuelos de deportación
El Diario Tricolor.- Un tribunal federal en Estados Unidos determinó que la administración del entonces presidente Donald Trump vulneró el derecho al debido proceso de casi 200 migrantes venezolanos enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. El fallo ordena que los afectados tengan acceso a audiencias judiciales para impugnar su expulsión.
El juez James Boasberg estableció como fecha límite el 5 de enero para que el Ejecutivo presente una propuesta que permita el retorno de los migrantes a territorio estadounidense o, en su defecto, que puedan defender su caso ante un tribunal de inmigración.
La decisión también autoriza que el caso avance como una demanda colectiva, lo que habilita a todos los venezolanos trasladados en marzo pasado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a cuestionar legalmente su clasificación como enemigos extranjeros.
Las deportaciones se realizaron bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma excepcional asociada a contextos de guerra. El Gobierno alegó, sin presentar pruebas públicas, que los migrantes tenían vínculos con el Tren de Aragua, organización criminal catalogada como terrorista por Washington.
En su dictamen, el juez sostuvo que las expulsiones se ejecutaron de forma abrupta y sin mecanismos de defensa, lo que constituyó una violación directa de las garantías constitucionales. El fallo representa uno de los reveses judiciales más contundentes contra la política migratoria aplicada durante ese periodo.
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (Aclu) y la organización Democracy Forward, que denunciaron la ilegalidad de las deportaciones y señalaron que los venezolanos fueron encarcelados en El Salvador mediante acuerdos económicos entre gobiernos.
Boasberg advirtió que permitir expulsiones aceleradas sin revisión judicial vaciaría de contenido el derecho al hábeas corpus y abriría la puerta a abusos graves del poder estatal, al impedir cualquier vía efectiva de reclamo legal.
El caso cobró mayor relevancia luego de que, tras meses de presión de familiares y organizaciones de derechos humanos, los migrantes fueran finalmente repatriados a Venezuela en julio, como parte de un intercambio entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.
Además, el juez mantiene abierta una investigación para determinar si funcionarios del Ejecutivo desacataron una orden previa que prohibía los vuelos de deportación. En ese contexto, anunció que citaría a declarar a exfuncionarios del Departamento de Justicia señalados por presuntamente haber engañado al tribunal, según reportes de The Washington Post.
En una resolución anterior, Boasberg acusó al Gobierno de actuar con desprecio hacia la autoridad judicial y recordó que la Constitución no admite la desobediencia deliberada de las órdenes de los tribunales, especialmente por parte de funcionarios públicos.
Fuente: Versión Final.
