Fallo histórico: Jueza declara culpable a Álvaro Uribe de manipulación de testigos
El eje del proceso giró en torno a la supuesta estrategia del expresidente para desprestigiar a testigos que lo señalaban por vínculos con grupos paramilitares, especialmente Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, el fallo impactará directamente al uribismo, movimiento fundado por el propio expresidente
El Diario Tricolor.- Colombia vivió un juicio histórico este lunes 28 de julio tras el veredicto de la jueza Sandra Heredia, quien declaró al expresidente Álvaro Uribe Vélez culpable por el delito de soborno en actuación penal, dentro del juicio por presunta manipulación de testigos.
En un fallo sin precedentes, la justicia colombiana concluyó que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, intentó alterar versiones de exparamilitares para beneficiarse judicialmente, reseñó Forbes Colombia.
El juicio contra Uribe Vélez comenzó formalmente en marzo de 2024, después de años de trámites e intentos por archivar el caso. Durante las 67 audiencias que se llevaron a cabo en Bogotá, testificaron 107 personas: 37 llamadas por la Fiscalía y 70 por la defensa.
El eje del proceso giró en torno a la supuesta estrategia del expresidente para desprestigiar a testigos que lo señalaban por vínculos con grupos paramilitares, especialmente Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra.
Según la acusación, su entonces abogado Diego Cadena habría actuado como intermediario para ofrecer beneficios a cambio de retractaciones, apoyado en documentos dudosos, grabaciones encubiertas y comunicaciones interceptadas con aval judicial.
En la audiencia final, la jueza Sandra Liliana Heredia dio validez a buena parte del material probatorio presentado por la Fiscalía y señaló que el juicio había contado con las garantías necesarias para asegurar un análisis imparcial.
No obstante, también expresó preocupación por la exposición mediática que rodeó el caso, subrayando la importancia de no permitir que las presiones externas influyeran en el sentido del fallo. Su postura fue firme en sostener que las decisiones debían tomarse estrictamente con base en las evidencias técnicas y testimoniales recaudadas.
Desde el inicio del proceso, la defensa de Uribe, encabezada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, negó cualquier responsabilidad del expresidente. Aunque reconocieron errores cometidos por Cadena, argumentaron que fueron acciones individuales y no decisiones instruidas por su cliente.
Además, calificaron el proceso como una persecución judicial influenciada por intereses políticos y mediáticos. Sostuvieron que las supuestas dádivas a los testigos no fueron sobornos sino ayudas humanitarias, y afirmaron que el ex presidente actuó siempre como un ciudadano dispuesto a comparecer ante la justicia sin privilegios.
Durante la audiencia de conclusión, la fiscal Marlenne Orjuela solicitó la condena de Uribe, argumentando que los hechos probados configuran un intento sistemático de sobornar testigos privados de libertad. Presentó el caso como una operación coordinada que pretendía influir indebidamente en decisiones judiciales.
La defensa, por su parte, pidió la absolución inmediata, señalando que no se logró probar que Alvaro Uribe hubiera ordenado o conocido los actos atribuidos a su abogado. Afirmaron que los pagos ofrecidos a testigos no fueron sobornos sino ayudas humanitarias, realizadas sin intención ni instrucción del exmandatario.
Lombana, en entrevista, insistió en que su cliente no actuó como determinador ni buscó interferir en la justicia, y recalcó que ha enfrentado este proceso sin privilegios ni fueros, como cualquier ciudadano.
El caso tiene implicaciones que van mucho más allá del resultado procesal. A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, el fallo impactará directamente al uribismo, movimiento fundado por el propio expresidente. Una condena podría debilitar aún más a su partido en el panorama electoral. Una absolución, en cambio, le daría argumentos a quienes han defendido la tesis de una persecución judicial con motivaciones políticas.
Se ha reabierto un debate de fondo sobre el funcionamiento de la justicia en Colombia: la independencia de los jueces, los límites del litigio penal y el uso estratégico de los medios han sido cuestionados desde distintas orillas.
Fuente: Versión Final/
