Evalúan sanciones contra abogados del Departamento de Justicia por deportaciones de venezolanos a El Salvador
Una reciente denuncia presentada por un exfuncionario fortaleció los argumentos de que autoridades del gobierno de Donald Trump incurrieron en desacato criminal al tribunal al no acatar órdenes judiciales que impedían los vuelos de deportación, destacan autoridades judiciales
El Diario Tricolor.- El juez federal James Boasberg, del Distrito de Columbia, advirtió este jueves que podría iniciar procedimientos disciplinarios contra abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos por su actuación en una demanda relacionada con la deportación de ciudadanos venezolanos a una prisión en El Salvador el pasado mes de marzo.
Durante una audiencia en Washington, Boasberg señaló que una reciente denuncia presentada por un exfuncionario fortaleció los argumentos de que autoridades del gobierno de Donald Trump incurrieron en desacato criminal al tribunal al no acatar órdenes judiciales que impedían los vuelos de deportación, reseñó Reuters.
El magistrado, conocido por haber emitido fallos que incomodaron al expresidente Trump, también dejó abierta la posibilidad de remitir a los abogados del gobierno a los colegios de abogados estatales o al comité disciplinario del tribunal, organismos con facultad para investigar conductas poco éticas de los litigantes.
Sin duda evaluaré si la conducta y la veracidad de los abogados del gobierno ante este tribunal justifican una remisión a los colegios de abogados estatales o a nuestro comité de quejas”, afirmó Boasberg.
El Departamento de Justicia declinó ofrecer declaraciones sobre el caso.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) en representación de un grupo de venezolanos deportados bajo una ley migratoria del siglo XVIII, raramente utilizada. Los demandantes fueron enviados a la prisión de máxima seguridad Cecot, en El Salvador, donde permanecieron cuatro meses hasta su repatriación a Venezuela la semana pasada como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros.
Los abogados defensores han cuestionado las acusaciones de supuestos vínculos con pandillas y aseguran que sus representados no tuvieron oportunidad de refutar esas afirmaciones ante la justicia.
En abril, Boasberg criticó la conducta del gobierno de Trump al considerar que actuó “de mala fe” al organizar tres vuelos de deportación el 15 de marzo, en paralelo a procedimientos judiciales de emergencia que analizaban la legalidad de dichas expulsiones.
Los abogados del Departamento de Justicia han negado haber desobedecido órdenes judiciales y argumentan que las declaraciones de Boasberg desde el estrado no eran vinculantes.
No obstante, un tribunal federal de apelaciones suspendió en abril, por una votación de 2 a 1, la investigación más profunda que Boasberg intentaba llevar a cabo sobre un posible desacato criminal por parte de la administración Trump.
Durante la audiencia de este jueves, el juez calificó esa demora como “frustrante” para los demandantes y aseguró que una denuncia presentada por Erez Reuveni, exabogado del Departamento de Justicia despedido en abril, reforzaba el caso.
Según Reuveni, hubo al menos tres incidentes en los que altos funcionarios del Departamento desobedecieron órdenes judiciales relacionadas con deportaciones de inmigrantes.
La fiscal general Pam Bondi, en un mensaje publicado en la red social X, desestimó las declaraciones de Reuveni, al que calificó como “empleado descontento” y “filtrador”.
Fuente: Versión Final/
