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Juez Federal bloquea temporalmente decisión de Trump de suspender TPS a venezolanos

El fallo es en respuesta a la demanda interpuesta por la Alianza Nacional del TPS (NTPSA) y los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) que presentaron el caso contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según la demanda, estas decisiones privarían a más de 600 mil venezolanos de su derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante los siguientes 18 meses

El Diario Tricolor.- El juez superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California, Edward M. Chen, impidió que la administración elimine la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos, hasta tanto no haya un pronunciamiento firme sobre este aspecto luego de las deliberaciones posteriores.

El fallo es en respuesta a la demanda interpuesta por la Alianza Nacional del TPS (NTPSA) y los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) que presentaron el caso contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la secretaria del DHS, Kristi Noem, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

Chen, luego de escuchar los argumentos de ambas partes, dijo que en los próximos días tomará la decisión de si prospera o no la demanda que se introdujo a favor de los venezolanos.

Según la demanda, estas decisiones privarían a más de 600 mil venezolanos de su derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante los siguientes 18 meses. Los demandantes, representados por afiliados de la ACLU y el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, alegaron que las acciones de los demandados violaron la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda.

Los criollos solicitaron al tribunal que otorgara una medida declaratoria que estableciera que las acciones de los demandados eran ilegales e inconstitucionales y que la extensión del 17 de enero de 2025 de la pasada administración de Joe Biden sigue vigente bajo sus términos originales.

La decisión de la administración republicana de poner fin al TPS fue parte de la campaña del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra los programas migratorios promovidos por la administración del demócrata Joe Biden, que van más allá de la intención de la ley estadounidense.

Dentro de una semana a partir de la fecha de esta orden (31 de marzo), el juez instruye que las partes presenten un informe conjunto sobre la situación (tras reunirse y deliberar), en donde se abordarán los siguientes aspectos según la orden del jurista.

Una fecha propuesta para la conferencia inicial de gestión del caso, en la que el Tribunal y las partes discutirán las maneras de agilizar la resolución del fondo de este caso.

Es decir, hasta tanto no haya una decisión firme sobre este caso, el juez ordenó suspender la acción de dejar sin protección a los venezolanos el 7 de abril cuando se vencía el TPS, ordenado por el DHS.

En el documento se agrega lo siguiente:

  • Dado el fallo del Tribunal sobre los argumentos jurisdiccionales planteados por el gobierno, no hay razón para retrasar la presentación del expediente administrativo, incluso si el gobierno tiene la intención de presentar una moción de desestimación. Las partes se reunirán y deliberarán sobre la presentación del expediente administrativo (si no lo han hecho ya) y el expediente será presentado por el gobierno dentro de una semana a partir de la fecha de esta orden. Existe interés en que este caso avance con prontitud.
  • En este momento, el Tribunal no se pronuncia sobre a qué descubrimiento de pruebas, si corresponde alguno, podrían tener derecho los demandantes más allá del expediente administrativo. El expediente administrativo debe presentarse en primera instancia. Lo que el expediente administrativo revele o no probablemente determinará si se justifica un descubrimiento adicional. El Tribunal no impide a los demandantes presentar solicitudes de descubrimiento al gobierno ahora, pero este no está obligado en este momento a responder a dichas solicitudes.

El juez consideró que la terminación de las designaciones del TPS para venezolanos tendría un impacto mayor que el económico en Estados Unidos y las comunidades locales donde viven los beneficiarios. El temor a la detención y la deportación hace que los inmigrantes indocumentados renuncien a la atención médica, como pruebas diagnósticas y vacunas, lo que aumenta los riesgos para la salud de la comunidad en general.

Al igual que en el caso anterior, el gobierno no ha presentado ninguna prueba que contradiga lo aportado por los demandantes. En la audiencia, el gobierno admitió no tener contrapruebas.

Fuente: Versión Final/

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