Conferencia Episcopal califica de “engañosa” afirmación sobre superación de la crisis en el país

Ell Diario Tricolor.- La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció en su CXXIII Asamblea Ordinaria Plenaria en Caracas sobre la crisis política en el país, defendiendo así que el entorno adverso para los venezolanos se mantiene y califican como “engañoso” las aproximaciones a una “mejora” de la misma.

“Ante la realidad que vivimos, resulta engañoso afirmar que la crisis que ha sufrido nuestro país se ha superado, que la situación se ha normalizado”, expuso la institución religiosa.

Reiteran que una solución próxima a la crisis “no será posible mientras no se resuelva la crisis política que hoy vive nuestro país, debido a la falta de publicación detallada de los resultados y los eventos ocurridos después de las elecciones del pasado 28 de julio. Estos hechos siguen presentes en la conciencia colectiva del pueblo venezolano”.

Los Obispos en su exhortación pastoral animan a sus fieles a descubrir los signos de esperanza “en medio de estas preocupaciones y temores” que viven en el país. En este sentido, llaman a prestar atención a la dramática situación de pobreza en la que viven, por los bajos ingresos económicos, la precariedad de los servicios públicos, educativos y de salud, y la inseguridad jurídica.

De la misma forma rechazan las medidas migratorias establecidas por Estados Unidos contra los venezolanos, y advierten que, en lugar de que Venezuela sea un lugar “seguro” para el retorno de connacionales, “las expectativas son que la cifra de cerca de ocho millones de migrantes venezolanos crecerá si no cambian significativamente las condiciones económicas, sociales y políticas del país”.

Los obispos se refirieron a la situación de los presos políticos en el país y afirman que esto es una cuenta pendiente del Gobierno nacional. Solicitaron al Estado “que lleven adelante formas de amnistía o de condonación de la pena e inserten a los privados de libertad a la sociedad”.

EE. UU. considera que Venezuela “mejoró”

La declaración de la Conferencia Episcopal llega poco después de que Estados Unidos diera marcha atrás con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos y, en el documento que hace oficial la anulación del mismo, alegan que los criollos ya no requerirían de un programa para huir de Venezuela.

El texto, donde el Gobierno de Donald Trump da la noticia de la salida del TPS, admite que algunas de las condiciones que existían en Venezuela «pueden continuar»; sin embargo, dice que «hay mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos ciudadanos regresen de manera segura a su país de origen».

Incluso suponiendo que las condiciones relevantes en Venezuela sigan siendo tanto extraordinarias como temporales, agrega la orden, se requiere el fin de la protección porque es algo contrario al interés nacional, entendido como un estándar amplio que puede incluir la política exterior o la seguridad pública.

En este punto, cita como ejemplo «el nexo potencial con la pertenencia a una banda criminal», o los efectos adversos sobre los trabajadores y su impacto sobre las comunidades estadounidenses.

También argumentan que la orden argumenta que el TPS «ha permitido que una importante población de extranjeros inadmisibles o ilegales sin posibilidad de obtener un estatus migratorio legal se establezca en el interior de Estados Unidos».

Venezuela es segura, según Trump

Cuando aún era candidato a la elección presidencial de 2024, Donald Trump se refirió varias veces al contexto socioeconómico de Venezuela para asegurar que la criminalidad habría disminuido y que los problemas se habrían “disminuido”.

“Caracas, Venezuela, un lugar muy peligroso que ya no lo es. Porque en Venezuela el crimen ha disminuido 72 %. De hecho, si ellos (los republicanos) ganaran esta elección, tendremos que tener la próxima Convención Republicana en Venezuela porque será más seguro que nuestras ciudades”, dijo Trump en el evento de nominación a la candidatura republicana que luego le dio la victoria como Presidente de EE. UU.

Con el dato, Trump buscó argumentar su afirmación de que han disminuido las cifras delincuenciales en Venezuela porque supuestamente las personas que cometen delitos están siendo enviadas desde Venezuela y llegando de forma irregular por la frontera de EE. UU.

Gracias a su perspectiva, el próximo 7 de abril 348 mil venezolanos se verán afectados con la expiración de su TPS, quedando vulnerables ante operativos de deportación.

Justificar deportaciones

La directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) para Venezuela, Laura Dib, recalcó que Venezuela “no es un país seguro” para el retorno de connacionales, ya que la situación de emergencia continúa y que, luego del 28 de julio, “se recrudeció”. Alertó que es grave que se retire un mecanismo sin dar rutas para que lo sustituyan.

Señaló que actualmente, las vías para la migración regular se cerraron y recordó que EE. UU. estableció oficinas de “movilidad segura” a fin de tramitar su entrada legal a esa nación. Dijo que el asilo es distinto, porque destacó que el porcentaje de personas reconocidas para gozar del beneficio es cerca de un 28 %.

En entrevista concedida a VPItv, Dib advirtió que la eliminación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) va a tener graves consecuencias para los migrantes afectados con el TPS vigente hasta abril, tendrían 60 días para ajustar su situación. Para la funcionaria, la narrativa antimigratoria ha tomado mucho vuelo en EE. UU. y recordó que la medida, cuando fue publicada en 2023, contó con el apoyo bipartidista.

Para la directora de WOLA, la narrativa del gobierno estadounidense para justificar las deportaciones masivas no tiene argumentos sólidos que las sustenten y que, en ese sentido, estas decisiones solo benefician a grupos delictivos, ya que “dejan abierta la posibilidad de que organizaciones como el Tren de Aragua se lucren de migrantes que deciden tomar vías no seguras”.

Dib agregó que cualquier persona que sea susceptible a ser deportada debe tener garantías a que se revise si esa persona corre peligro a su país de origen.

Fuente: NAM/Agencias.