Tentáculos del Tren de Aragua sacuden a la justicia chilena
El Diario Tricolor-.El Tren de Aragua es trending topic este jueves 14 de septiembre en Chile. Luego de una importante cadena de victorias frente a la organización criminal de origen venezolano, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público se encuentran en una posición realmente compleja por la decisión del magistrado Héctor Barraza, en el Juzgado de Garantía de Arica.
Barraza acogió la petición de la defensa de 44 acusados de integrar “Los Gallegos”, facción de la poderosa banda que causa estragos en el norte de Chile. Y determinó que sus abogados debían conocer los nombres de quienes atestiguaron en contra de ellos o actuaron como agentes encubiertos en la extensa investigación.
La medida generó un sismo en el interior del sistema de justicia, a pocos días de que se conociera la existencia de un plan destinado a atentar en contra de jueces de garantía de Santiago, por parte de reos del Tren de Aragua.
Se trata de 56 personas que están en dicha situación, ya sea porque formaron parte de la investigación, como agentes encubiertos que se infiltraron en el sector donde opera la organización (el cerro Chuño) o como testigos de algunos de los múltiples delitos que se les imputan.
A fines de junio, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica solicitó once penas de presidio perpetuo en una acusación presentada contra 44 miembros de la organización criminal. El ente persecutor acusa a dichos integrantes de diversos delitos violentos como homicidios, secuestros, tráfico de armas, de drogas y trata de personas, entre otros.
Reacciones
La decisión del magistrado significó que la Defensoría Penal Pública accediera a la documentación en que están registrados los nombres. La Fiscalía Regional presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica y esta lo declaró admisible.
Con fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pablo Zavala Fernández, José Delgado Ahumada y Reynaldo Oliva Lagos– acogió a tramitación la acción constitucional presentada por el ente persecutor en contra de la resolución dictada el 13 de septiembre por el juez Héctor Barraza (en la foto) y dio lugar a la orden de no innovar, por lo que no se entregará a las defensas la información solicitada hasta conocer el fondo de la solicitud.
Esperan devolución
La decisión del magistrado significó que la Defensoría Penal Pública accediera a la documentación en que están registrados los nombres. El Ministerio Público espera que los sobres sean devueltos al tribunal o presentará acciones para que así sea.
Respecto a antecedentes de que se han entregado algunos sobres o que se alcanzaron a retirar algunos sobres el día de ayer, esto es efectivo, están en poder de la Defensoría Penal Pública, la que debería hacer devolución de los mismos en las próximas horas esperamos que de manera voluntaria o de lo contrario tendríamos que recurrir para que de acuerdo a derecho estos sobres vuelvan al poder del tribunal donde deberían mantenerse custodiados”, señaló Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Paranicota.
Los 56 testigos civiles de la causa fueron reubicados por su seguridad. “Esto no puede quedar al criterio de una persona en particular”, esgrimió. El fiscal planteó la necesidad de modificaciones legales que impidan que esta situación ocurra nuevamente.
“En relación a reformas legales en torno a las medidas de protección, tanto de víctimas, testigos, como también de operadores del Poder Judicial, evidentemente hay que hacer una reforma, urgen reformas. Esto no puede quedar al criterio de una persona en particular”, planteó.
Amenazas de muerteLo sucedido es más grave aún al analizar lo sucedido hace una semana. Manuel Monsalve, subsecretario del Interior afirmó que existe evidencia de la participación de la banda criminal venezolana en una serie de amenazas de muerte, contra al menos tres fiscales y tres jueces en ejercicio.
La confirmación se logró luego que el Ministerio Público afianzara un sistema de escuchas telefónicas al interior de la cárcel Santiago Uno, donde reos hablaban de un posible atentado contra el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Hay información plausible de que existen amenazas (a jueces), las cuales estamos abordando en conjunto con otras instituciones del Estado, porque lo consideramos algo grave”, explicó.
Fuente: Versión Final/
